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La alcaldesa pone en tela de juicio sus propios criterios de actuación en torno a las licencias municipales de taxis

Las mociones presentadas por el PSOE en torno al «improcedente» ERE municipal y a la suspensión del servicio de transporte a los alumnos de enseñanza secundaria han sido desestimadas

Ni readmisión de los 46 trabajadores despedidos de forma improcedente por el ERE municipal, según última sentencia del TSJC, ni reposición del servicio de transporte escolar de los alumnos que cursan sus estudios de enseñanza secundaria en Puerto del Rosario ni el otorgamiento de las tres nuevas licencias de taxi previstas desde el pasado mes de junio.

Una vez más y, como de costumbre, Morales parece jugar a un enrevesado juego del despiste en el que la mayor premisa se basa en el «donde dije digo, digo Diego», sin importar, eso sí, el bien colectivo del municipio en general y de sus residentes en particular.

El pasado mes de junio la corporación local norteña iniciaba el expediente para la adjudicación de tres nuevas licencias de auto-taxi en el municipio. Expediente que a día de hoy se encuentra paralizado en los despachos municipales sin que haya, aparentemente, motivo para ello salvo la presión que están ejerciendo los actuales propietarios de licencias del servicio en el término municipal, para evitar por parte del consistorio, la concesión de más licencias en el sector.

En la actualidad, La Oliva cuenta con un total de 53 licencias de auto-taxi adjudicadas, cifra que se encuentra por debajo de los límites insulares permitidos y que otorgan al municipio la capacidad máxima de contar con un total de 65 licencias.

53 licencias que, quieren recordar desde el PSOE, sirven para abastecer a una población total de más de 25 mil habitantes sin contar, a los turistas que hacen uso diariamente del servicio ya que cabe recordar que el municipio es uno de los principales núcleos turísticos de la isla.

En ese sentido, los socialistas lamentan la falta de rigor manifiesta por la dirigente nacionalista a la hora de aceptar presiones para paralizar expedientes administrativos sin otro motivo aparente que fines electoralistas.

Una alcaldesa, que a escasos meses de las próximas elecciones municipales parece estar más pendiente de donde poder «rascar» votos antes que de dirigir el municipio buscando el estado de bienestar de sus conciudadanos