Rosa Fernández dimitirá como concejala y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento por unos hechos ocurridos, juzgados y sentenciados antes de su llegada a la Alcaldía
Fernández cuenta con el respaldo expreso del Partido Socialista de Fuerteventura ante una decisión judicial lícita, pero carente de equidad y proporcionalidad
El Partido Socialista (PSC-PSOE) de Fuerteventura acata, pero en absoluto comparte, la sentencia firme que obliga a la actual portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de La Oliva, Rosa Fernández, a dejar cualquier cargo público durante diez meses por un delito de “desobediencia”.
Dicha desobediencia remite a un acto del Ayuntamiento de La Oliva (el cambio de trazado de parte un camino) ocurrido, juzgado y sentenciado en mayo de 2007, un año antes de su nombramiento como alcaldesa de La Oliva. La propia sentencia así lo reconoce: “Efectivamente, la acusada no fuere la representante del Ayuntamiento cuando recayera la sentencia”.
El 24 de mayo de 2007 se dicta sentencia contra el Ayuntamiento de La Oliva y obliga a cesar en la ocupación de terrenos (parte del trazado del camino de acceso a Majanicho por la costa, a la altura del saladar de Bristol, se desvía).
El 26 de febrero de 2008 los propietarios de los terrenos piden la ejecución forzosa de la sentencia.
El 28 de abril de 2008 se notifica al Ayuntamiento la ejecución forzosa de la sentencia.
En mayo de 2008, días después de haber sido notificada la ejecución forzosa de sentencia a los responsables de la Alcaldía de ese momento, el Ayuntamiento de La Oliva realiza movimientos de tierras en dicho camino.
El 9 de julio de 2008, dos meses después, la cabeza de lista del PSC-PSOE en La Oliva, Rosa Fernández, toma posesión como alcaldesa.
A continuación llegan al Ayuntamiento multas coercitivas por no ejecutar la sentencia. Dichas multas se pagan en octubre y noviembre de 2008.
En 2009 se imputa a Rosa Fernández (que llegó a la Alcaldía pocos meses antes) un delito de desobediencia por la no ejecución de la sentencia de 24 de mayo de 2007. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideraron que la sentencia imponía una obligación de no hacer, obligaba a dejar de ocupar con maquinaria esos terrenos y así se hace. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento también estiman que no procedía pedir al juzgado una aclaración de sentencia.
La diferencia de interpretación de la sentencia entre los servicios jurídicos municipales y el juzgado deriva, finalmente, en otra sentencia por desobediencia y condena de inhabilitación para cargo o empleo público por diez meses contra la nueva alcaldesa, Rosa Fernández, y no contra los responsables del Ayuntamiento de La Oliva cuando se produjeron los hechos.
Por tanto, Rosa Fernández dimitirá como concejala del PSC-PSOE en el Ayuntamiento de La Oliva en cumplimiento de la sentencia. Fernández cuenta con el respaldo expreso del Partido Socialista de Fuerteventura ante una decisión judicial lícita, pero carente de equidad y proporcionalidad vistos los hechos en su conjunto y contemplando el acto que provocó el inicio del proceso (el cambio de trazado de un camino en 2007) y los responsables públicos de ese momento.
