El secretario general, Blas Acosta, ordena una batería de mociones para pedir la retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
«El Gobierno Rajoy menoscaba la escuela pública y desconfía del papel indispensable y positivo que ésta ha jugado en el desarrollo de los últimos treinta años en España»
El Partido Socialista (PSC-PSOE) de Fuerteventura ha tomado la palabra en los plenos de los ayuntamientos majoreros y del Cabildo para defender la enseñanza pública. Los portavoces socialistas han solicitado la retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), un documento que refleja una desconfianza preocupante hacia el docente y que pone toda su fe en las reválidas, las evaluaciones y lo rankings.
El secretario general de los socialistas majoreros, Blas Acosta, señala que «el Gobierno Rajoy menoscaba la escuela pública y desconfía del papel indispensable y positivo que ésta ha jugado en el desarrollo de los últimos treinta años en España».
«No se entiende qué razones, fuera de las puramente ideológicas, avalan el fortalecimiento de la enseñanza de la religión católica y eliminan la formación cívica de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos».
Además del componente ideológico que motiva este texto defendido por el Gobierno Rajoy, el secretario general de los socialistas majoreros pone el énfasis en su «condena de futuro» para la capacidad productiva del país.
«Esta nueva reforma abre un camino tan injusto como ineficaz puesto que asume que segregando pronto a los jóvenes se reduce el fracaso escolar. Las medidas propuestas van claramente encaminadas a excluir cuanto antes del sistema escolar precisamente a quienes más necesitan de la escuela, y a formar a los niños y a los jóvenes expresamente con criterios competitivos y excluyendo de las aulas valores de cohesión social», afirma Blas Acosta.
Todavía hoy disponemos de un sistema educativo con un nivel creciente de calidad, organizado como un servicio público universal que llega a toda la población en condiciones de igualdad y de calidad. El último impulso a este avance se produjo en 2006, cuando tras un intenso debate y un diagnóstico riguroso, se aprueba la Ley Orgánica de Educación con un altísimo grado de acuerdo entre comunidad educativa, organizaciones sociales y fuerzas políticas.
Esta ley que impulsó el Partido Socialista, junto al aumento sostenido durante varios años de los presupuestos para educación, permitieron un enorme avance en los objetivos de la estrategia de la UE para el año 2020.
Estos logros están ahora en peligro. El Gobierno Rajoy vuelve a utilizar la educación como arma arrojadiza entre españoles y presenta un nuevo anteproyecto de Ley Orgánica de carácter extremadamente conservador, regresivo para la educación pública y que supone un cambio profundo en la organización de la educación en España. Un anteproyecto que ha elaborado bajo sus criterios ideológicos, para lo que ha excluido al resto de la comunidad educativa. Carece de un diagnóstico riguroso, compartido y coherente de las necesidades y objetivos educativos para los próximos años, «y eso expone a este país a un peligro real: su devaluación como sociedad y la resignación a una economía al servicio de intereses ajenos a los ciudadanos de este país».
Por ello, el PSC-PSOE de Fuerteventura ha presentado mociones en los seis ayuntamientos y en el Cabildo solicitando la retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la apertura de un proceso de diálogo para el análisis de las necesidades y los objetivos, mediante un documento abierto de trabajo de objetivos y diagnóstico y que dicho debate lo nutra la comunidad educativa (Consejo Escolar del Estado, consejos escolares autonómicos, expertos educativos, comisiones de Educación en el Congreso y en el Senado, parlamentos autonómicos, Federación Española de Municipios y Provincias y Conferencia Sectorial de Educación).
