Los socialistas majoreros mantienen su empeño en impulsar la creación de plazas residenciales de personas dependientes en la isla.
Hartos del populismo barato del que hace gala el PP en Fuerteventura, los socialistas majoreros insisten de nuevo en abogar por el aumento de las infraestructuras sociosanitarias en la isla, haciendo especial hincapié los socialistas, en el número de plazas residenciales de personas dependientes.
Y es que con una población de más de 106.000 habitantes, y aunque los populares intenten mirar hacia otro lado, la isla de Fuerteventura cuenta únicamente con 75 plazas sociosanitarias, situándose esta por debajo de islas con menor población como La Gomera ó El Hierro, que cuentan con más de 100 y 120 plazas respectivamente.
Por ello el PSOE invita, una vez más, al PP a aunar esfuerzos y trabajar de manera conjunta y coordinada por los derechos sociales de la población majorera. Unos derechos, que hasta la fecha los populares no han tenido en cuenta ya que, cabe recordar, la presidenta popular Águeda Montelongo ostentó desde el año 2003 hasta el 2005 el cargo de consejera de Asuntos Sociales en el Gobierno de Canarias, gestionando de ese modo las competencias en materia sociosanitaria y no proyectó nada para Fuerteventura.
Quizá por ello, entienden los socialistas, Montelongo confunda camas hospitalarias con camas sociosanitarias, haciendo referencia las primeras a personas dependientes, mientras que las segundas son las que se refieren a pacientes crónicos.
Para los socialistas hechos como este demuestran el falso interés que tiene Águeda Montelongo por la población residente en la isla, el mismo que demostró tener en sede parlamentaria cuando no se personó a la votación de enmiendas a los Presupuestos Generales de la CCAA para 2014.
A pesar de ello, el PSOE sigue considerando «clave» dotar a Fuerteventura de recursos sociosanitarios, ya que estos, permitirían ahorrar y maximizar la eficiencia de los recursos del Estado de Bienestar a la vez, que mejorarían la calidad de vida no sólo de las personas dependientes, sino también de sus familiares.
Un Estado de Bienestar que el Gobierno del PP está desmantelando fomentando la privatización de la sanidad pública, devastando el sistema de pensiones y destruyendo el sistema de ayuda a la Dependencia.
Según reflejan los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el último año más de 40.000 personas han dejado de recibir la prestación a la que tenían derecho por la Ley de Dependencia. Además, y en tan solo un mes, cerca de 2.500 personas han dejado de ser beneficiarios en los sistemas de teleasistencia, otras 1.000 ya no reciben la ayuda a domicilio además de ahorrarse el Gobierno de Rajoy 2.440 prestaciones que ha retirado a los cuidadores familiares.
