Los socialistas negocian con todas las fuerzas políticas representadas en la isla para formalización el conflicto en defensa de la autonomía local ante el pleno del Tribunal Constitucional contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
Para ello se necesita contar con el apoyo de un séptimo de los municipios españoles que a su vez representen como mínimo un sexto de la población oficial
Los socialistas elevarán a todos y cada uno de los Plenos de los seis municipios de la isla una moción de adhesión al recurso que será presentado por los mismos, ante el Tribunal Constitucional para la paralización y anulación de la inminente Ley de Reforma de la Administración Local, aprobada por el PP.
El Gobierno de Mariano Rajoy, cumplió así su propósito de aprobar, con el aval que le da una mayoría absoluta, una Ley que no cuenta con el respaldo de ninguno de los ámbitos políticos, ni sindicales, ni sociales, sin embargo, a pesar de ello, la Ley de Reforma Local entró en vigor el pasado 31de diciembre de 2013.
El PSOE denuncia que la recién impuesta Ley, quita competencias a los Ayuntamientos, vulnerando con ello, la garantía constitucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 de la Constitución Española.
Por un lado, la aplicación de esta Ley, entienden los socialistas, puede llegar a desapoderar a los municipios de menos de 20.000 habitantes como Betancuria, Antigua y Tuineje, de los denominados servicios mínimos obligatorios, pasando estos a ser competencia de los Cabildos y, siendo estas mismas administraciones las que a su vez, delegarán los servicios mínimos en empresas privadas, generando así una nueva vía de negocio donde antes existía un elemento de calidad y servicio público.
Por ello y porque la Ley del Partido Popular invade competencias de las comunidades autónomas, porque en lugar de ahorrar y mejorar la eficiencia va a multiplicar el gasto, porque lejos de evitar duplicidades las potenciará y, porque abrirá la puerta a la privatización, el PSOE aunará esfuerzos para paralizar una Ley que nació sin ningún tipo de consenso entre formaciones políticas y agentes sociales y esperan sean derogada democráticamente.
