La Cámara aprueba por unanimidad la ley del PSOE de medidas fiscales para facilitar el acceso a una vivienda
Es la única medida de toda esta legislatura que terminará siendo efectiva en materia de vivienda. El PSOE agradece el apoyo de todos los grupos a su propuesta aunque recuerda que debe estar acompañada de otras acciones necesarias que el Gobierno de CC ha rechazado sistemáticamente
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy de manera definitiva la Ley de medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda, una propuesta del PSOE que ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos de la Cámara.
El diputado Iñaki Lavandera recordó hoy, en su intervención en el pleno, que el objetivo de este documento es facilitar el acceso a una vivienda habitual, ya sea en alquiler o en propiedad, estableciendo medidas fiscales, sobre todo para los colectivos más vulnerables como son las familias monoparentales, numerosas, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o jóvenes menores de 35 años.
Lavandera agradeció el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, aunque lamentó que esta sea la única medida de la actual legislatura que termine siendo efectiva en materia de vivienda. “Esta ley debe estar acompañada de otras acciones necesarias que el Gobierno de CC ha obviado sistemáticamente: adquisición de vivienda ya construida, revisión del decreto de vivienda vacacional o una política de suelo que piense en la ciudadanía y no en la especulación”, dijo.
El diputado del PSOE insistió en que esta ley es “una pequeña parte de las posibles soluciones” y criticó la “dejadez absoluta” de CC respecto a la problemática de la vivienda en Canarias. Como recordó, CC-PP continúan sin aceptar la propuesta socialista sobre adquisición de vivienda ya construida para destinarla a alquiler social e hizo hincapié en que, además de esta ley de medidas fiscales, es imprescindible abogar por una política más transversal, “pero la realidad es que el Gobierno de Clavijo no quiere afrontar la situación porque tiene otros intereses que le impiden empatizar con los problemas de la ciudadanía”.
Indicó que Canarias sufre unos incrementos en el precio para acceder a una vivienda habitual que resultan insostenibles si no se apuesta por una política ambiciosa. “El Gobierno de CC se limita a ejecutar el próximo plan estatal de vivienda y evita su deber de complementarlo con otras políticas que aborden los problemas más específicos de Canarias en esta materia”, señaló.
El diputado lamentó, por otra parte, que los restantes grupos de la oposición no hayan presentado una sola actuación con la que paliar la desidia del Gobierno de CC y destacó que la única medida presentada por, ejemplo, por el PP, no llegó hasta la semana pasada y a modo de ‘plan de choque’, la misma denominación que han venido a utilizar para las listas de espera sanitarias.
“Presentan este plan de choque cuando la legislatura se está agotando, como propuesta electoralista evidente y sin trasladar la esencia de esa propuesta al proyecto de ley de presupuestos para 2019, lo que por sí mismo dice mucho de la voluntad real de sacar adelante medidas que se traduzcan en acciones reales”, explicó.
Lavandera denunció que esos “planes de choque” del PP, “lamentablemente, no son más que meros titulares, al igual que los artículos de opinión de otros grupos de la oposición no tienen mayor recorrido que la publicación puntual en un medio de comunicación sin que se presente ninguna propuesta útil para la gente”.
REGULACIÓN SIMPLIFICADA Y NOVEDOSA
La ley aprobada este miércoles pretende reducir la fiscalidad de la vivienda en Canarias para facilitar el acceso al conjunto de la población. Para ello ofrece una reducción de tipos general, mantiene la estructura general de las figuras impositivas y establece una regulación simplificada para propiciar su interiorización y mayor aplicación por sus potenciales beneficiarios, todo ello sin renunciar a aportar soluciones novedosas que podrán ir perfeccionándose en la medida que resulte preciso.
Iñaki Lavandera indicó que la tendencia de encarecimiento de la vivienda experimentada en Canarias en estos últimos años afecta de manera más directa a las capas sociales con menos recursos, hasta el punto de no solo dificultar sino imposibilitar su acceso a una casa. Señaló que, además, supone un freno a otros sectores de la economía: a mayor porcentaje de rentas familiares que han de destinarse a la vivienda, menor será la capacidad de consumo y ahorro de la población.
La nueva norma introduce modificaciones en las dos leyes que concentran la actual legislación tributaria de las islas: el decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma en materia de tributos cedidos y la de medidas administrativas y fiscales de 2012. En la primera, se introducen diversas modificaciones en la regulación del tramo autonómico del IRPF. En este sentido, se actualizan los niveles de renta y el porcentaje de deducción para la inversión habitual y por alquiler de vivienda habitual.
Se introduce un nuevo tipo de deducción vinculado a los supuestos de daciones en pago que culminan con un arrendamiento o arrendamiento con opción de compra, de manera que los contribuyentes que se encuentren en esta situación puedan aumentar su deducción por alquiler de vivienda habitual por encima del tipo medio y propiciar con ello una reducción de los costes de restructuración económica de las rentas familiares.
Además, por primera vez en España, se añade una deducción fiscal para los rendimientos del capital inmobiliario que provengan del alquiler de viviendas del contribuyente, siempre y cuando estos rendimientos vengan de la mano de precios socialmente sostenibles. Lo que se pretende es ofrecer a los propietarios de estos inmuebles un nuevo estímulo fiscal vinculado a la capacidad de acceso al mismo por parte de sus inquilinos.
Se introduce un artículo por el que se establece una deducción autonómica por gastos en primas de seguros de crédito para cubrir impagos de rentas de arrendamientos de vivienda. Por otro lado, se reduce y se perfecciona el nivel de fiscalidad de las operaciones sobre derechos reales relativos a la vivienda en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Así, se establece un tipo de gravamen del 5% si el inmueble va a constituir la vivienda habitual del contribuyente si se cumplen unos determinados requisitos.
También se mantienen las reducciones por adquisición de vivienda habitual para familias numerosas o personas con discapacidad, si bien minorando su tributación del 4 al 1%. Como novedad, se equipara a estos colectivos en tratamiento fiscal a las familias monoparentales y se introduce un nuevo tipo cero para las transmisiones de vivienda protegida que vayan a constituir la única vivienda habitual del adquirente.
Se establecen nuevas bonificaciones del 20% a dos colectivos específicos que pueden acogerse a la tributación del 5% por la adquisición de vivienda habitual, como son los jóvenes de 35 años o menos y las mujeres víctimas de violencia de género que, hasta la fecha, no gozaban de ningún beneficio fiscal en la adquisición de vivienda en Canarias.
Se actualiza y perfecciona el régimen de tributación de novaciones hipotecarias para hacer frente a impagos como consecuencia de la incapacidad de los deudores para hacerles frente. Hasta la fecha, la bonificación era del 100% a los efectos de actos jurídicos documentados, pero se mantenía la tributación a efectos de transmisiones onerosas. Con la nueva regulación, ambas figuras se bonifican íntegramente para reducir los costes que puedan repercutir las entidades financieras a los transmitentes.
Se actualiza el régimen a efectos de IGIC previsto en la ley de 2012 para las transmisiones de vivienda directamente por el promotor. A estos efectos, se equipara el tipo cero previsto para las viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública a las viviendas de protección oficial de régimen general.
Además, se establece un tipo del 5% en las transmisiones de viviendas entregadas directamente por el promotor para vivienda habitual, manteniendo tipos más reducidos para adquirentes integrantes de familias numerosas, discapacitados, jóvenes de 35 o menos años y mujeres víctimas de violencia de género. Por último, se modifica la ley de vivienda de 2003 para que puedan ser calificadas como viviendas protegidas aquellas resultantes de actuaciones públicas de sustitución de viviendas.
