“La Ley de RTVC supone un salto cualitativo en democracia, independencia, transparencia y estímulo al sector”
Belinda Ramírez señala que con nueva regulación se pretende configurar una Radiotelevisión Canaria “que haga valer ante la ciudadanía, de una vez por todas, su objetividad, su pluralidad y su independencia, marcando notables diferencias con la actual gestión del PP en RTVE, que se encuentra hoy entre los medios públicos nacionales con mayor injerencia política de toda la Unión Europea”
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en materia de Radiotelevisión Canaria, Belinda Ramírez, afirmó este jueves que la nueva ley que regulará el ente “supone un salto cualitativo en democracia, independencia informativa, transparencia y estímulo del sector audiovisual y cultural canario”. En la aprobación definitiva del texto, la diputada subrayó que el PSOE “tuvo claro desde el inicio de la legislatura que se debían superar posturas cortoplacistas que, lejos de propiciar un cambio en el ente, abonaban su inmovilismo”.
“Creímos y creemos que cuestiones coyunturales no podían alejarnos del principal objetivo, que era el cambio de modelo para propiciar el cambio en la gestión, y creímos y creemos que la función de control político y la función legislativa que nos encomendó la ciudadanía son perfectamente compatibles, y lo hemos demostrado no sólo en el ámbito de RTVC”, expresó.
En su intervención, aseguró que “con la misma responsabilidad y lealtad” con que se ha elaborado y aprobado esta ley, el PSOE trabajará para propiciar el nombramiento del nuevo Consejo Rector antes de finalizar la Legislatura. En este punto, defendió la libertad de prensa que busca salvaguardar el Consejo de Informativos, instrumento constituido contra las injerencias políticas o económicas.
“En esto creemos en el Partido Socialista y la última etapa de RTVE fue un buen ejemplo de ello, etapa que en absoluto tiene que ver con la actual gestión del PP en el ente público estatal, a la que el último informe del Consejo Europa sitúa entre los medios públicos nacionales con mayor injerencia política de toda la Unión Europea, algo que es muy grave”, dijo.
Recordó que en la RTVE actual, los propios profesionales se han visto obligados a denunciar públicamente estas injerencias políticas y las coacciones a las que se tienen que enfrentar en el desarrollo de su trabajo. “Estas denuncias las han podido articular, precisamente, a través de los propios consejos informativos introducidos por el PSOE y que ahora incorporamos a RTVC”, señaló. Ramírez explicó que esa gestión “se aleja totalmente” del modelo por el que aboga el PSOE.
MÁS PLURALIDAD Y OBJETIVIDAD
Entrando en el contenido de la ley, Belinda Ramírez indicó que cuando una radiotelevisión es pública, no significa únicamente que sus gastos corren a cuenta de los ciudadanos, sino que debe ejercer un servicio público, proporcionar una información de calidad, respetar los valores constitucionales y ser un reflejo del pluralismo político y social, y una de las premisas básicas para ello es la independencia. Afirmó que eso es lo primero que se ha tenido en cuenta a la hora de redactar esta nueva ley: la supresión del control gubernamental del ente público, introduciendo además en el texto legal diversos mecanismos que garanticen el control democrático en sus contenidos.
Para ello se ha configurado el ente como una entidad pública de la Comunidad Autónoma sin adscripción funcional al Gobierno de Canarias, gozando de autonomía en su gestión. “No existe en ninguna de las leyes que regulan esta materia en el resto de comunidades una previsión de independencia política de este calado”, valoró, al tiempo que precisó que el ente ejercerá la función de servicio público a través de sus dos sociedades mercantiles y cuya administración y gobierno corresponderá al Consejo Rector, con la Presidencia como órgano encargado de la ejecución de sus acuerdos.
Ramírez recordó que recae en la Presidencia la competencia para la gestión ordinaria, fijando como contrapeso la posibilidad de que el Consejo Rector pida para sí la aprobación de cualquier negocio jurídico que estime necesario. Destacó que se trata de una cuestión importante y novedosa, porque por primera vez, si algún sector económico, social o político cuestiona una decisión de la Presidencia que implique obligaciones económicas, la decisión puede pasar a ser colegiada y no impuesta por una persona.
“Con esta nueva regulación pretendemos configurar una Radiotelevisión Canaria que haga valer ante la ciudadanía, de una vez por todas, su objetividad, su pluralidad y su independencia”, continuó, y añadió que en ese sentido se crea el Consejo Asesor como órgano de participación de la sociedad y que contará con una amplia representación pública y civil.
Además, se articula un derecho de acceso a los contenidos de las cadenas, específico para los productores de bienes culturales y audiovisuales canarios, mediante convenios de colaboración con el ente, y se introduce la posibilidad de convocar procedimientos de concurrencia pública para la explotación privada de determinadas franjas horarias o de programaciones puntuales en los canales de radio y televisión.
“Estamos ante una apuesta decidida por el sector audiovisual canario y con la pretensión de que cualquier productor audiovisual pueda gestionar directamente un espacio en la cadena, lo que permitiría llenar programación sin incurrir en costes variables y obteniendo, además, ingresos”. Por último, dijo que en el trámite parlamentario de la ley se han incorporado a las enmiendas de los grupos Socialista y Nacionalista algunas peticiones recibidas desde distintos sectores y se ha admitido un número importante de las presentadas por los grupos no proponentes.
