Ley de Muerte Digna
“Estamos ante una ley valiente que pretende una atención más humana cuando la muerte es inevitable”
Jesús Morera afirma que en un Estado de Derecho, “morir dignamente no puede seguir dependiendo de las creencias o la filosofía del médico que a uno le toque, sino que debe ser una garantía para todos los ciudadanos”
El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Morera, describió hoy la Ley sobre derechos y garantías de las personas ante el proceso final de su vida, aprobada por el pleno de la Cámara, como “una ley valiente que afronta cuestiones que conviene dejar por escrito en forma de norma, que comprometa a las instituciones, dé una atención más humana y tenga su enfoque en la voluntad del paciente, así como menos tecnificación cuando la muerte es inminente, inaplazable, inevitable”.
Durante el debate de la iniciativa, la primera ley de ámbito sanitario desde el año 2005 en nuestra Comunidad Autónoma y la primera de carácter sanitario que emana del Parlamento de Canarias como propuesta de los grupos y no del Gobierno, Morera explicó que su objetivo es regular el ejercicio de los derechos de la persona que afronta el final de su vida, los deberes del personal sanitario que atiende a estos pacientes y las garantías que las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas, estarán obligadas a proporcionar en este proceso.
Sostuvo que la legislación actual no garantiza una muerte digna para todos los ciudadanos e insistió en que esta ley aborda un hecho peculiar de la tarea asistencial sanitaria: la situación del paciente en situación de agonía, en situación terminal, cuyo resultado final es la muerte. El parlamentario del PSOE dijo que esta ley no sería necesaria si se hubiese promulgado una norma básica desde la Administración central, pero el proyecto de ley sobre esta cuestión, del Gobierno de Rodríguez Zapatero, no llegó a tiempo del final de legislatura y la posterior iniciativa fue arrollada por la mayoría que apoya al actual Gobierno de Rajoy.
“La incertidumbre que genera una legislación insuficiente es una carga añadida para personas que están en el peor momento de su vida, además de provocar desconfianza en los pacientes e inseguridad en los profesionales”, expuso Morera, y señaló que a esto se añade “un discurso mediático social impregnado de fundamentalismo sobre la sacralidad de la vida”.
Algunos de los principios básicos que inspiran esta ley, dijo, son la garantía de pleno respeto del derecho a la dignidad de la persona en el proceso final de su vida, la promoción de la libertad, la autonomía y la voluntad de la persona de acuerdo con sus deseos, preferencias, creencias o valores, así como la preservación de su intimidad y confidencialidad, la garantía de que el rechazo de un tratamiento por voluntad personal o su interrupción no suponga el menoscabo de una atención sanitaria integral y del derecho a la plena dignidad de la persona en el proceso final de su vida, la garantía del derecho de todas las personas a recibir cuidados paliativos integrales y un adecuado tratamiento del dolor en el proceso final de su vida y, por último, la igualdad efectiva y la ausencia de discriminación en el acceso a los servicios sanitarios por la persona en el proceso final de su vida.
“En un Estado de Derecho, morir dignamente no puede seguir dependiendo de las creencias o la filosofía del médico que a uno le toque, sino que debe ser una garantía para todos los ciudadanos. El uso inadecuado por exceso de medidas de soporte vital, esto es, su aplicación cuando no tienen otro efecto que mantener artificialmente una vida meramente biológica, sin posibilidades reales de recuperación de la integridad funcional de la vida, es contrario a la dignidad humana. Por eso, no iniciar o retirar esas medidas en estas circunstancias es algo que sólo aspira a respetar esa dignidad de forma plena”.
Jesús Morera indicó que esta ley introduce y legisla la sedación paliativa y apuesta por una relación médico-paciente simétrica en la que el paciente sea correctamente informado y asesorado por su médico. Por otra parte, subrayó que una cosa es eutanasia y otra es evitar la obstinación terapéutica. “Ésta no es una ley de eutanasia”, recalcó, y explicó que abre la puerta a que los pacientes, sus familiares si fuera menester y los profesionales sanitarios hablen del momento en que se deben parar las acciones con intento terapéutico y emprender el cuidado paliativo hasta sus extremos.
Además, la norma recoge como hechos singulares la garantía a cuidados paliativos, el derecho al acompañamiento familiar por al menos dos personas o el derecho a estancia en habitación individual si el proceso se produce en un centro sanitario. El proyecto recoge, asimismo, la elaboración del plan de cuidados paliativos para Canarias, “herramienta sumamente necesaria que ayudará a articular las necesidades de recursos humanos, materiales y organizativos para asentar una labor que ya se está haciendo con magnífica consideración de la ciudadanía”.
