El Partido Socialista reclama a la alcaldesa Morales que «deje atrás la caza de brujas y se guíe por la sensatez para evitarle a los ciudadanos una deuda de 1,5 millones»
El TS permite al grupo de gobierno actuar con inteligencia para evitar una indemnización millonaria hasta que el TSJC aclare si los 46 despidos son procedentes o improcedentes
El culebrón judicial (con la intervención del TSJC y del TS) que ha provocado el mal planteado ERE del Ayuntamiento de La Oliva para despedir a 46 trabajadores –con criterios de selección muy dudosos- puede, sin embargo, a fecha de hoy, dar un respiro a las arcas municipales y evitar por ahora el pago de una indemnización millonaria. La decisión de mantener a estos empleados públicos en sus puestos de trabajo es presupuestariamente viable, ya que el grupo de gobierno lleva un año cobrando a los ciudadanos un 20 por ciento más de impuestos.
La secretaria Organización PSOE, Rosa Fernández, exige al grupo de gobierno que no cometa el mismo error, que no vuelva a despedir a estos trabajadores (readmitidos por una sentencia del TSJC pero que otra posterior del TS deja esta sentencia en suspenso hasta que dicho TSJC la fundamente en despido procedente o despido improcedente, y no en despido nulo como había sentenciado).
«Los socialistas de La Oliva exigimos a Claudina Morales que deje atrás la caza de brujas y se guíe por la sensatez para evitarle a los ciudadanos una deuda de 1,5 millones en indemnizaciones si finalmente el despido se considera improcedente».
«La sentencia del TS sólo deja dos dictámenes posibles al TSJC: despido procedente o despido improcedente. Un mínimo de prudencia llevaría a cualquier gestor público a mantener a estas personas en sus puestos de trabajo a la espera de una sentencia definitiva, lo que evitaría en su caso un nuevo bochorno judicial y una indemnización que rondaría los 1,5 millones de dinero público».
Los socialistas de La Oliva recuerdan que la motivación teórica (porque la real tiene tintes de vendetta política) era en 2012 la falta de presupuesto. El hecho es que el grupo de gobierno de Claudina Morales lleva un año cobrando a los vecinos de La Oliva un 20 por ciento más de impuestos y ha externalizado los servicios de Recaudación, Alumbrado Público, Guaguas y Limpieza Viaria, Playas y Recogida de Basuras (este último en proceso de licitación).
Además, en este tiempo otros 30 empleados públicos han dejado el Ayuntamiento por jubilación o por despido negociado (opción que siempre mantuvo el Partido Socialista como la más adecuada a la realidad del Ayuntamiento y a las necesidades de los propios trabajadores) y los 46 despedidos vía ERE fueron readmitidos en plantilla en virtud de la primera sentencia del TSJC.
Con estos datos sobre la mesa, lo sensato sería mantener la actual situación y esperar a que la Justicia ponga finalmente luz sobre un ERE que nació torcido y continúa retorciéndose a costa de los vecinos y vecinas de La Oliva, que pierden calidad en los servicios municipales y se enfrentan a una indemnización de 1,5 millones por 46 despidos improcedentes.
